En la tercera audiencia del juicio que se lleva adelante en Salta contra Leonardo Cositorto y otros acusados de Generación Zoe, siete presuntos damnificados declararon que la empresa les generaba “cierta confianza” debido a la presencia de múltiples sucursales en distintas localidades y oficinas centrales en la ciudad de Salta.

Entre los testimonios estuvieron cuatro policías del Servicio Penitenciario, una abogada y un agente aeroportuario retirado, quienes explicaron que podían retirar los intereses, pero no el capital inicial, que sólo se podía recuperar después de tres años. Además, les ofrecían reinvertir el dinero en bots de criptomonedas.

Los denunciantes contaron que conocieron la empresa por amigos o compañeros y que se incentivaba la incorporación de nuevos inversores mediante comisiones o premios. También señalaron que podían ver, a través de una aplicación en sus celulares, cómo aumentaba su dinero, lo que los motivaba a seguir invirtiendo.

Uno de los inversores destacó que en las oficinas de Salta, además de la financiera, funcionaba un templo donde se realizaban ceremonias y encuentros.

Además de Cositorto, están imputados por estafa reiterada y asociación ilícita Ricardo y Jorge Vilardel, Ana Lucía Vilardel y Vilma Albornoz.