El avance judicial contra Nicolás Maduro generó un fuerte impacto político tanto dentro como fuera de Venezuela. A nivel regional, distintos gobiernos siguen el proceso con cautela, conscientes de que el desenlace podría redefinir el equilibrio político en América Latina y la relación de la región con Washington.

En Venezuela, el oficialismo denunció una persecución política y calificó el juicio como una maniobra de injerencia extranjera. Desde el chavismo sostienen que el proceso busca debilitar al gobierno y condicionar cualquier escenario de transición política. En contraste, sectores opositores consideran que el juicio valida denuncias históricas sobre la connivencia entre el poder político y el narcotráfico.

A nivel internacional, el caso refuerza la postura de Estados Unidos respecto a endurecer su estrategia contra líderes acusados de delitos transnacionales. Analistas señalan que este juicio podría influir en futuras sanciones, acuerdos diplomáticos y negociaciones energéticas, especialmente en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y necesidades estratégicas de petróleo.